El rol de la regulación en el futuro de las pisciculturas RAS

El pasado jueves se desarrolló en Puerto Montt el Seminario Internacional RAS “Chile y el Mundo”, instancia que convocó a autoridades, expertos, investigadores y representantes de la industria acuícola para analizar en profundidad los avances, desafíos regulatorios y proyecciones de los sistemas de recirculación en Chile y a nivel global. El encuentro contempló presentaciones técnicas especializadas, paneles de conversación, además de espacios de networking.

En este contexto se llevó a cabo el panel “El proyecto desde el punto de vista normativo”, el cual fue moderado por David Zaviezo, abogado y socio gerente del Estudio Certes Abogados, y contó con la participación de Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt; Carlos Ignacio Kuschel, senador de la Región de Los Lagos; Constanza Silva, jefa de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; y Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.

Desde el inicio, Zaviezo planteó que la regulación suele ser percibida como un aspecto secundario en los proyectos RAS, pese a ser determinante para su viabilidad, señalando que “cuando uno piensa en piscicultura RAS piensa en tecnología, bioseguridad, eficiencia hídrica y automatización, pero casi nunca piensa en la RCA, en la DGA o en la descarga de efluentes. Sin embargo, si el proyecto quiere pasar del documento al terreno, el camino es inevitablemente normativo”.

Desde esa perspectiva, el profesional sostuvo que la regulación no debía entenderse como una barrera externa, sino como parte constitutiva del diseño del proyecto. “La regulación no es en esencia un obstáculo, es un diseño. Es un conjunto de reglas que, cuando se integran desde etapas tempranas, pueden transformarse en una ventaja competitiva y no solo en un costo”, afirmó, equiparando su rol al de los sistemas de filtración, sensores, redundancias operativas y protocolos sanitarios que permiten que una piscicultura RAS funcione de manera segura y continua.

Igualmente, el abogado profundizó en la complejidad del marco normativo aplicable a este tipo de proyectos, subrayando que no se trata de una única ley o permiso sectorial. “Cuando hablamos de regulación hablamos de un sistema normativo que combina la Constitución, leyes, reglamentos, resoluciones y actos administrativos”, explicó, agregando que “el Estado no habla por comunicados de prensa ni entrevistas, habla por oficios, resoluciones y dictámenes, y un proyecto RAS vive o muere en ese lenguaje”, lo que obliga a anticipar criterios interpretativos de organismos sectoriales, ambientales, sanitarios y territoriales.

Visión regulatoria

Constanza Silva abordó el escenario regulatorio desde la mirada del Ejecutivo, reconociendo que la acuicultura chilena enfrenta un entramado normativo amplio y rígido que ha limitado la adopción de nuevas tecnologías. “La normativa en Chile es bastante grande y rígida, y nos ha impedido avanzar en muchas cosas, pero también hay que reconocer que somos de las pocas instituciones que están mirando de manera sistemática el desarrollo acuícola”, indicó.

En esa línea, Silva explicó que los procesos de diálogo sectorial desarrollados durante 2023 y 2024 evidenciaron la necesidad de revisar el marco normativo vigente antes de crear nuevas regulaciones. “No vamos a lanzar nuevos reglamentos, sino que tenemos que revisar la ley y los reglamentos que ya existen”, afirmó, subrayando que la acuicultura es gobernada por cinco o más ministerios, lo que genera superposición de competencias, tensiones regulatorias y dificultades de coordinación interinstitucional.

Uno de los puntos técnicos destacados por la autoridad fue el régimen de derechos de agua y su impacto en la expansión de sistemas RAS. “Los derechos de agua están otorgados para siempre y a personas específicas, y eso no genera los incentivos necesarios para que la piscicultura se convierta a recirculación”, señaló, precisando que en Chile existen cerca de 130 pisciculturas, de las cuales solo un 20% opera con recirculación, pese a los desafíos crecientes asociados a la eficiencia hídrica y al cambio climático.

Asimismo, la jefa de la División de Acuicultura advirtió que los desafíos ambientales asociados al uso del agua obligan a replantear el enfoque productivo y normativo de la piscicultura. “Ya estamos viendo procesos de eutrofización en lagos y la proliferación de cianobacterias, que no son solo algas, sino toxinas que terminan afectando el uso del agua”, afirmó, subrayando que la recirculación, si bien es una herramienta clave, debe complementarse con tecnologías orientadas a la captura y gestión de nutrientes. En ese sentido, señaló que existen soluciones probadas a nivel internacional, como el uso de microalgas y bacterias para valorizar los residuos y transformarlos en bioproductos, lo que permitiría avanzar hacia esquemas de economía circular, especialmente considerando que hoy la mayor parte de los lodos generados en pisciculturas termina en vertederos, reflejando una brecha entre el desarrollo tecnológico disponible y la normativa vigente.

Respecto al desarrollo de post smolts, Silva reconoció que no existe una regulación específica, pese a su potencial para reducir riesgos sanitarios en el mar. “Mientras más tiempo pasan los peces en el mar, mayor es el riesgo, y los post smolts se han visto como una solución para acortar los ciclos”, explicó, enfatizando que la regulación no puede abordarse de manera fragmentada, sino considerando el ciclo productivo completo, desde la piscicultura hasta la cosecha.

Desarrollo regional

Desde la mirada gremial, Carlos Odebret planteó que el principal incentivo para el desarrollo de las pisciculturas, incluidas las RAS, es el crecimiento productivo. “El gran incentivo para el desarrollo de la piscicultura es el crecimiento. Sin crecimiento no pasa nada”, afirmó, advirtiendo que regiones como Magallanes y Aysén han experimentado retrocesos en los últimos años, con impactos directos en la población, el empleo y la inversión regional, lo que a su juicio evidencia la falta de una visión común de largo plazo.

En ese contexto, Odebret explicó que en la Región de Magallanes existen proyectos de piscicultura detenidos, pese a contar con avances significativos a nivel sectorial. “Hay proyectos cercanos a los US$50 millones que no se han materializado porque no se logró el volumen de concesiones necesario para justificar la inversión”, señaló, detallando que estas iniciativas requerían una escala mínima de producción para ser viables económicamente, la cual no pudo concretarse debido a restricciones normativas y procesos administrativos inconclusos.

El dirigente gremial agregó que estas trabas no solo afectan la producción, sino que también impiden el desarrollo de proyectos asociados a la economía circular. Según explicó, la falta de escala productiva ha hecho inviable la implementación de iniciativas destinadas a valorizar residuos y subproductos del proceso acuícola. “Se trataba de proyectos pensados para utilizar residuos del propio proceso productivo, en una lógica de sustentabilidad y economía circular, pero que no pudieron avanzar porque la producción se retrotrajo”, indicó, subrayando la contradicción entre los objetivos país y la realidad regulatoria.

Odebret destacó además las ventajas sanitarias y ambientales que ofrece la región de Magallanes para el desarrollo de la salmonicultura. “Tenemos cuerpos de agua excepcionales, peces de alta calidad, no usamos antibióticos ni antiparasitarios, y es uno de los mejores lugares del mundo para producir salmón”, sostuvo, enfatizando que estas condiciones han sido reconocidas incluso a nivel internacional, posicionando a la región como un territorio estratégico desde el punto de vista sanitario y productivo.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes subrayó que uno de los principales desafíos regulatorios es avanzar hacia incentivos concretos para producir el ciclo completo en la región. “No tiene sentido mover peces desde otras regiones; tenemos que producirlos en el mismo lugar”, afirmó, señalando que el uso de smolts de mayor tamaño permitiría reducir el tiempo de permanencia en el mar y los riesgos sanitarios asociados. A su juicio, avanzar en este ámbito requiere ajustes normativos específicos y decisiones claras, ya que “sin una visión común y definiciones regulatorias concretas, seguiremos en una conversación circular sin avanzar”.